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Por :
Santiago Cadena @santycadena1
Jaime Sáenz
A comienzos de enero de 2024, la alarma resonó en nuestros oídos al despertar con la triste noticia de que nuestro país vecino, Ecuador, inició el año sumido en una turbulenta asonada protagonizada por pandillas dedicadas al crimen multimodal. Las calles, el comercio, los planteles educativos y los medios de comunicación, todos vieron sus rutinas trastocadas.
Los motivos aparentes apuntan hacia la directriz emanada del presidente Daniel Noboa, quien instó a tomar medidas más drásticas frente al avance de la delincuencia. Propuestas tan peculiares como la construcción de cárceles en altamar o siguiendo el estilo Bukely de mega cárceles para pandilleros.
Antes de aventurarse en tal empresa, Noboa junior optó por allanar y tomar el control de los centros penitenciarios. En una de estas incursiones en una cárcel de la provincia de Guayaquil, se reveló la fuga en prisión de un sujeto conocido como alias Fito, desatando así una consecuente ola de violencia que azota a Ecuador.
Se establecen notables contrastes en la forma en que las estructuras delincuenciales reaccionaron frente a la implementación de políticas de «mano dura» propuestas por Bukele y las medidas del presidente Noboa. El sometimiento de pandillas en El Salvador no provocó una respuesta violenta por parte del crimen organizado. Cabe mencionar, incluso se especula sobre una posible negociación secreta entre las pandillas y el gobierno de Nayib Bukele antes de iniciar el proceso de pacificación.
En cambio, la respuesta del crimen organizado en Ecuador fue marcada por la violencia, lo simbólico y lo mediático. Esto se reflejó, por ejemplo, en la toma de un canal de televisión durante la emisión de un noticiero. Desde la perspectiva de la sociedad civil, surgen varias interrogantes. ¿Hubo una falta de táctica en el abordaje de los problemas coyunturales? ¿Qué papel desempeñan los medios de comunicación en el imaginario colectivo y sus representaciones? ¿Se evidencia la incapacidad del estado para ejercer un control total, sugiriendo un estado fallido? Intentaremos responder estas interrogantes en las líneas posteriores.
Este panorama caótico se ve agravado por la ofensiva de las autoridades colombianas contra las redes de narcotráfico. Según informa Noticias Uno, esto ha resultado en que las redes de distribución busquen refugio en países con menor control, como es el caso de Ecuador, con la intención de facilitar el envío de drogas hacia Norteamérica y Europa. Este fenómeno, sumado a una menor demanda de drogas, ha desencadenado una sobreoferta en el mercado, provocando una notable disminución de precios.
Así, en este inicio de año, Ecuador se ve envuelto en una compleja maraña de desafíos, donde las acciones gubernamentales y las circunstancias internacionales se entrelazan, marcando una etapa de incertidumbre y crisis que demanda respuestas claras y eficientes.
Dos Relatos para El Mismo Conflicto
A lo largo de los últimos ocho años, se han tejido dos grandes relatos políticos que buscan arrojar luz sobre el origen, las causas, los actores y el enmarañado vínculo político del narcotráfico en Ecuador. Un viaje por las sendas de estas narrativas revela un tapiz de interpretaciones divergentes que, más que unificar, fragmentan la comprensión de la realidad ecuatoriana.
En el primer relato, críticos del correísmo apuntan sus dardos hacia eventos cruciales como la salida de la base estadounidense de Manta en 2009 y el proceso de legalización y pacificación de pandillas desde 2007. En un segundo relato, los Gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso se ven señalados desde 2018, destacando la desinstitucionalización del Estado y las políticas neoliberales como los pilares que fundamentan el crecimiento descontrolado del narcotráfico.
Las páginas de estos relatos fortalecen la participación de varios actores, cada uno con su papel; en el primer relato, el correísmo es señalado como el responsable del origen del desastre actual, el segundo relato coloca en el escenario al Gobierno de Moreno, María Paula Romo, algunos policías y el Gobierno de Guillermo Lasso a través de su cuñado, como figuras de responsabilidad.
La trama se complica aún más al explorar el nivel de consistencias que tienen cada teoría, para muchos el Gobierno de Rafael Correa es señalado directamente por eventos como el financiamiento de las FARC y relaciones con cabecillas de pandillas y bandas delictivas. Mientras tanto, para otros, el Gobierno de Moreno, ha sido implicando mediante algunos de sus funcionarios y evidenciando la conexión con la Mafia Albanesa y la liberación de capos durante su gestión.
Causas que dan cuenta de la penetración del narcotráfico en Ecuador, en el primer relato, las raíces se hunden en la eliminación de controles como la Base de Manta y la despenalización del consumo de drogas. Mientras tanto, el segundo relato apunta a políticas implementadas desde 2018, destacando la disminución de capacidades estatales, la falta de recursos en cárceles y el aumento de la pobreza durante la pandemia.
La interpretación de las crisis de violencia que atraviesa el país sudamericano llega un clímax cuando acusan al correísmo de vínculos con el narcotráfico, ven episodios de violencia como una respuesta a sentirse cercados por la justicia y como actos de venganza política, se les asocia con pandillas locales, las FARC, el Cartel de Sinaloa y Venezuela como sus cómplices. En el segundo relato, se atribuyen los grandes episodios de violencia al control otorgado a bandas delictivas en cárceles, la Mafia Albanesa, bandas locales y la penetración del Cartel Jalisco Nueva Generación.
La seguridad, un espejismo del pasado que detractores del correismo atribuyen a un pacto y complicidad con grupos delictivos. Por otro lado, el correísmo presenta una visión de éxito e integralidad en su política de seguridad, destacando la pacificación de pandillas, el fortalecimiento de las capacidades estatales y la inversión social como factores clave.
La Encrucijada del Último Año
En mayo de 2023, el entonces presidente Guillermo Lasso recurrió a la figura de la «Muerte cruzada», disolviendo el poder legislativo y contemplando la posibilidad de elecciones presidenciales anticipadas. Lasso argumentó que esta medida era necesaria ante la grave crisis de gobernabilidad.
Sin embargo, para la mayoría de los expertos y la opinión pública ecuatoriana, estas medidas desesperadas de Lasso parecían dirigidas a desviar la atención ciudadana de las graves acusaciones en su contra. Entre ellas, se destaca su presunta participación en el caso de corrupción transnacional conocido como «Los Papeles de Pandora», donde se le acusa de utilizar 14 entidades financieras sospechosas en Panamá y Estados Unidos.
Además, la investigación periodística llamada «El Gran Padrino» del medio digital ‘La Posta’, reveló a través de audios un entramado de corrupción, narcotráfico y contratación estatal. Esta revelación llevó a una acusación de juicio político contra Lasso, aunque esta fue archivada debido a las maniobras del presidente para evitar ser juzgado.
En noviembre, Daniel Noboa, hijo del hombre más rico de Ecuador, Álvaro Noboa, logró alcanzar la presidencia en unas elecciones atípicas tras la renuncia de Guillermo Lasso. Durante la campaña, Daniel Noboa había prometido una mayor inversión en protección social y educación, presentándose como un candidato de centro-izquierda.
Sin embargo, tras el asesinato a tiros de su contrincante electoral, Fernando Villavicencio, el 9 de agosto de 2023, Daniel Noboa modificó su discurso, prometiendo una postura más firme para abordar los problemas de descomposición social. A pesar de figurar al final de las encuestas en su primer momento como candidato, el asesinato de Villavicencio impulsó a Daniel a liderar las encuestas, asegurándose la presidencia de Ecuador.
En diciembre, se llevó a cabo el mega operativo denominado «Metástasis», liderado por la fiscal general del Ecuador, Diana Salazar. Esta investigación, que duró más de un año, reveló los vínculos entre el narcotráfico, el sistema de justicia ecuatoriano, el control de las cárceles, la corrupción en la policía y políticos implicados. El operativo, que involucró a 900 efectivos judiciales y policiales, resultó en 65 allanamientos y 35 imputados, incluyendo altos cargos del ejecutivo como el presidente de la judicatura y excomandantes de prisiones.
La fiscal general Diana Salazar advirtió con certeza: «la respuesta a este operativo seguramente desencadenará una escalada de violencia». En este momento crucial, Ecuador se encuentra en una encrucijada donde las decisiones políticas y judiciales tejen el destino del país, enfrentándose a las sombras del narcotráfico y la corrupción que han marcado este último año.
El fenómeno “Andamos Rulay”
La situación actual en Ecuador ha llevado a la denominada «bukelización», una expresión que encapsula la complejidad de la crisis desencadenada por la fuga de Alias Fito y la implementación del estado de excepción. Desde explosiones hasta secuestros, la violencia ha estallado en diversas provincias, creando una situación crítica que exige respuestas efectivas en el ámbito de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico.
El presidente Noboa, ante esta ola de violencia, ha optado por medidas drásticas con el objetivo de frenar el poder de las pandillas que actualmente dominan parte del territorio ecuatoriano. Mediante un decreto, ha declarado a los Grupos Delictivos Organizados (GDO) como terroristas y ha anunciado un conflicto armado interno. Hasta la última semana de enero, se estima que hay alrededor de 4448 detenidos y 237 acusados de terrorismo, mayormente de escasos recursos económicos.
Sin embargo, la implementación de estas medidas ha suscitado preocupaciones y críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que denuncian un posible perfilamiento racial en las detenciones que terminan en golpizas a “supuestos delincuentes” que su único crimen parece ser el ser pobres. Y que en redes sociales lo han denominado “andamos rulay”.
Este fenómeno evidencia la importancia de abordar la seguridad de manera integral, considerando los derechos fundamentales de la población.
La conexión entre la seguridad y la política exterior también ha cobrado relevancia. El acuerdo de cooperación firmado por el expresidente Lasso con Estados Unidos ha suscitado debates sobre la posible militarización perpetua del país. La aprobación de este acuerdo por parte de la corte constitucional y la presencia de la jefa del Comando Sur, junto con oficiales estadounidenses son hechos que marcan una nueva etapa en la relación de Ecuador con Estados Unidos.
Analistas señalan que, a pesar de esta cooperación, la intervención de Estados Unidos podría no estar centrada en la erradicación efectiva del narcotráfico en Ecuador. La falta de políticas serias de control, bloqueo a productores e insumos para la producción de coca, tráfico de armas, así como la persecución a fortunas vinculadas al narcotráfico, plantea dudas sobre los verdaderos objetivos de esta colaboración.
La experiencia de otros países, como Colombia, donde la presencia militar estadounidense ha estado marcada por denuncias de violaciones a menores y participación en «fiestas sexuales», resalta la necesidad de un enfoque crítico. La presencia de bases estadounidenses no ha demostrado ser la solución definitiva al problema del narcotráfico; al contrario, en algunos casos, ha exacerbado la situación.
Es esencial reconocer que el poder militar enfrenta desafíos significativos al intentar desarticular la alianza entre políticos y narcotraficantes. La raíz de la criminalidad se encuentra en la desigualdad social y la falta de oportunidades. Abordar los problemas históricos de desigualdad, mejorar la calidad educativa y proporcionar oportunidades reales a la población son elementos cruciales para prevenir la delincuencia y construir un futuro más seguro en América Latina. La seguridad integral va más allá de medidas drásticas; implica abordar las causas fundamentales que alimentan la criminalidad en la región.
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